Los equipos de compras son cada vez más responsables de garantizar que los productos cumplan la normativa pertinente y las políticas de sostenibilidad de su organización. Tanto la alta dirección como las partes interesadas esperan que las adquisiciones sostenibles de TI sean verificables, mensurables y estén respaldadas por pruebas.
A las organizaciones de los sectores público y privado con objetivos de sostenibilidad se les exige un mayor nivel de prueba, y la contratación pública no es una excepción. Por lo tanto, es esencial reducir el riesgo de reclamaciones falsas, greenwash y bluewash .
Hace tiempo que se pide a los compradores que confíen en las autodeclaraciones, pero las nuevas normas de transparencia y rendición de cuentas les obligan a ir más allá. Las nuevas directrices de contratación, los objetivos internos de la dirección y las expectativas de las partes interesadas aumentan la responsabilidad de elaborar informes de impacto precisos en relación con la contratación. Esto significa equilibrar varias prioridades a la vez: reducción de costes, rendimiento del producto, evaluación de proveedores, impacto social, reparabilidad, mejorabilidad y reutilización son algunos ejemplos.
El riesgo asociado a confiar en declaraciones de sostenibilidad no verificadas es real. En algunos casos, hemos observado que fábricas que declaran tener una semana laboral de 60 horas han demostrado de hecho tener jornadas laborales muy superiores a las 80 horas. En otros casos, las auditorías en fábricas que afirman ofrecer salidas de emergencia adecuadas, revelan que algunas salidas están cerradas o bloqueadas. También hemos descubierto información inexacta sobre la duración de las baterías en las especificaciones de los ordenadores portátiles. Cuando se han sometido a pruebas independientes, se ha demostrado que la capacidad es significativamente inferior a la que declara el propietario de la marca. Evidentemente, cuando se pide a un comprador que confíe en estas afirmaciones y declaraciones, los riesgos son importantes y pueden afectar tanto a la marca como a los resultados de la organización.
En las adquisiciones de TI, esto significa que los proveedores también deben haber demostrado tener elevadas normas sociales y medioambientales relacionadas con el producto adquirido. Las partes interesadas exigen garantías de que las compras no contribuyen a violaciones de la legislación laboral en la cadena de suministro, como el trabajo infantil, o a impactos medioambientales negativos. Hoy se espera que las organizaciones de compras de TI sean estratégicas y demuestren que promueven la sostenibilidad y mitigan los riesgos.
Jonathan Rivin, especialista en evaluación de materiales del Departamento de Calidad Medioambiental de Oregón, explica la importancia de la contratación estratégica de TI para el Estado de Oregón.
"Las compras de TI son una de las mayores categorías de gasto de los gobiernos estatales, locales e instituciones públicas. Por lo tanto, las repercusiones en la cadena de suministro pueden ser significativas y afectar a etapas posteriores del ciclo de vida. Mejorar las prácticas de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro reduce el potencial de interrupción de la cadena de suministro y aumenta la resiliencia", afirma.
"Mejorar las prácticas de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro reduce el potencial de interrupción de la cadena de suministro y aumenta la capacidad de recuperación"
La nueva normativa también responsabiliza al comprador de asegurarse de que se verifica que los productos cumplen los criterios establecidos en la contratación. Cada vez más, se espera que los compradores pidan pruebas de cumplimiento para dar cuenta de las declaraciones de sostenibilidad relacionadas con los productos adquiridos, junto con las cadenas de suministro en las que se fabrican. Algunos ejemplos actuales son los criterios de contratación pública ecológica de la UE y la aparición de legislación sobre esclavitud moderna, como en Australia y el Reino Unido. Además, la contratación pública debe garantizar que se promueve la competencia leal entre los licitadores, dejando claros los criterios de selección.
Felice Alfieri es responsable de políticas en la Comisión Europea. Trabaja con los criterios de contratación pública ecológica de la UE (EU GPP) y subraya la importancia de la verificación que deben abordar los compradores.
"Los criterios de contratación pública ecológica de la UE están redactados para garantizar que las declaraciones de comportamiento medioambiental sean verificables, auditables y comparables", afirma Felice Alfieri.
Otro factor importante para los equipos de contratación son los informes no financieros, como los informes ESG (Environmental, Social, Governance). Los informes ASG inexactos o no verificados aumentan los riesgos para la reputación y la marca que pueden dañar las relaciones con las partes interesadas, los inversores, los clientes y los empleados. Quedar en evidencia como comprador que no se toma en serio la sostenibilidad tiene un coste.
Todo se reduce a la prueba. Incluso los criterios de sostenibilidad más estrictos no son válidos si no existe un sistema independiente de verificación y seguimiento de los avances en sostenibilidad. Una solución para evitar el lavado verde es exigir una verificación independiente de las afirmaciones y pruebas de cumplimiento. Un buen punto de partida es especificar ecoetiquetas que dispongan de todos estos sistemas.
