Falta sostenibilidad en las compras públicas

Un nuevo informe sueco, Sustainable public procurement - from rhetoric to practice (Contratación pública sostenible: de la retórica a la práctica), analiza las compras sostenibles en el sector público y examina algunos mitos comunes asociados a la inclusión de factores de sostenibilidad en el proceso. Se señalan deficiencias en la legislación actual para fomentar una mayor atención a los factores de sostenibilidad en los contratos de compra. El estudio concluye que es necesaria una legislación más estricta, pero también que los compradores asuman una mayor responsabilidad desde la base, haciendo un mayor uso de las herramientas, como las certificaciones de terceros, de que disponen hoy en día.

El informe lo publica un grupo de organizaciones de sostenibilidad con sede en Suecia, entre ellas TCO Development, Fair Trade Sweden, MSC, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza, KRAV, New Wave Group, 2050 Consulting y Ecolabelling Sweden. Juntas, estas organizaciones tienen más de 100 años de experiencia en compras públicas, criterios de sostenibilidad y estrategia medioambiental.

Ragnar Unge, CEO de Ecolabellling Suecia, comenta la colaboración: "Este informe representa una cooperación única entre organizaciones con una larga trayectoria en soluciones para compradores públicos. Esperamos que este informe anime tanto a los legisladores como a los profesionales de la contratación a comprometerse más con las cuestiones de sostenibilidad a la hora de comprar productos y servicios".

Todos los Estados miembros están aplicando la nueva Directiva de la UE sobre contratación pública. Las disposiciones de la Directiva dan más margen a los compradores para recurrir a certificaciones de terceros como parte de una práctica de compra sostenible. Los programas de terceros pueden ayudar a los compradores ofreciéndoles criterios actuales y pertinentes y rutinas integradas para evaluar y verificar la conformidad de los productos que compran, algo que a menudo resulta demasiado complejo y exige demasiados recursos para que los compradores lo hagan por sí mismos.

Los autores instan a las entidades públicas a asumir una mayor responsabilidad a la hora de garantizar que los productos adquiridos con fondos públicos cumplen criterios de sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. El uso de certificaciones de terceros en diversas categorías de productos es una forma eficaz de hacerlo y, a su vez, contribuir a alcanzar objetivos nacionales más amplios en materia de clima y sostenibilidad.

La demanda de certificación por terceros por parte de los compradores supone un mayor incentivo para que las marcas y los fabricantes no sólo certifiquen sus productos, sino que también mejoren los aspectos medioambientales y sociales generales de su negocio.