Crédito de la imagen: Jeppe Schilder/Diakonia-PMU
Los minerales de conflicto utilizados en los productos de TI financian guerras e impulsan abusos contra los derechos humanos
Se sabe que los minerales de conflicto utilizados en los productos de TI alimentan guerras y abusos contra los derechos humanos. Los métodos de extracción inseguros también provocan graves problemas de salud para los trabajadores y degradación ambiental en las comunidades donde viven.
Cerca del 40 por ciento de los conflictos nacionales actuales están relacionados de una u otra manera con los recursos naturales. Minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno, el oro y el cobalto se utilizan en componentes vitales de los productos de TI, y están vinculados a conflictos armados y abusos contra los derechos humanos en las regiones del mundo donde se extraen. El trabajo forzoso y el trabajo infantil son habituales, al igual que la violencia, la corrupción y la degradación ambiental generalizada.
Para extraer los minerales se utilizan sustancias tóxicas como el mercurio. Los trabajadores entran en contacto con estas sustancias sin ningún equipo de protección, y el suelo y el agua también se contaminan como consecuencia de ello. Estas minas, en su mayoría artesanales y de pequeña escala, se encuentran principalmente en zonas remotas con poca infraestructura y donde el acceso a la atención médica es limitado.
Los minerales de conflicto financian la guerra
Los problemas suelen producirse en países con valiosos yacimientos de recursos naturales y donde existe un Estado débil o inexistente. Para controlar la lucrativa industria minera, grupos guerrilleros violentos o fuerzas armadas ocupan una zona, maltratan a los trabajadores y utilizan los ingresos de la venta de minerales para financiar más conflictos. A menudo, los minerales se comercializan de forma ilegal y, para mantener sus operaciones, estos grupos se oponen y socavan cualquier esfuerzo por lograr la paz. El desarrollo de la sociedad civil y de un gobierno democrático y estable traería leyes y normativas que podrían prevenir esta actividad ilegal.
Lo que aumenta la complejidad es que la mayoría de las minas son artesanales y a pequeña escala, lo cual resulta más difícil de controlar. Mientras que la minería industrial emplea entre 7 y 9 millones de personas a escala global, más de 100 millones de personas en 80 países participan en la minería artesanal y a pequeña escala.
Poner fin de forma abrupta al comercio ilegal provocaría, por lo tanto, una crisis humanitaria; es por ello que las instituciones internacionales, los legisladores y las ONG intentan encontrar formas de mejorar la situación de las comunidades que dependen de las actividades mineras en zonas afectadas por conflictos.
Iniciativas multisectoriales orientadas a la responsabilidad y la trazabilidad
Varias iniciativas trabajan para lograr prácticas laborales más seguras, eliminar el trabajo infantil y ofrecer una mejor trazabilidad del material extraído, desde la mina hasta la fundición y, finalmente, la fabricación y el montaje.